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La SecretarÃa de Seguridad Vial del partido Fuerza del Pueblo rechazó al reciente anuncio del gobierno sobre el aumento del 67% en las tarifas de peaje en carreteras y autopistas del paÃs, medida que entrará en vigencia a partir del 15 de enero de 2025.
En un comunicado, la organización calificó la medida de “impopular y perjudicial” y advirtió que provocará un impacto inflacionario en el transporte público y de mercancÃas, lo que, a su vez, encarecerá los productos de consumo familiar.
El partido señaló que esta decisión parece improvisada y motivada por un afán recaudatorio, justificándose en la necesidad de mantenimiento vial para salvar vidas, pese a que el propio gobierno ha declarado estar realizando cuantiosas inversiones en infraestructuras, sin que, según la organización opositora, se refleje una mejora en la calidad de las vÃas.
En el comunicado denunciaron el aumento en los accidentes de tránsito y el evidente deterioro de la infraestructura vial, lo que ha generado creciente malestar en la opinión pública, especialmente por los congestionamientos en las principales avenidas del paÃs.
Criticaron que el Gobierno presente como un logro el anuncio de un plan para bachear 600 hoyos en el Gran Santo Domingo, cuando, aseguran, gran parte de la infraestructura vial fue intervenida con asfalto previo a las elecciones, sin resultados duraderos.
Advirtió que esta medida tendrá un efecto dominó sobre la economÃa de los dominicanos, calificándola como una decisión desacertada y peligrosa, porque “se juega con la paciencia del pueblo”.
Como también advirtió que este anuncio de aumento podrÃa responder a una estrategia recurrente del PRM, que consiste en anunciar medidas drásticas para luego modificarlas ante la presión popular y presentarse como un gobierno que escucha a la gente. Sin embargo, el verdadero propósito desde el inicio serÃa aplicar un ajuste que ya tenÃan previsto, afectando a la mayorÃa y favoreciendo a sectores privilegiados mediante posibles subsidios o exenciones.
En tanto que exhortó a las autoridades a reevaluar esta disposición y priorizar soluciones que no afecten el bolsillo de los ciudadanos ni perjudiquen la estabilidad económica del paÃs.
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