El presidente Luis Abinader anunció quince medidas concretas para enfrentar la migración ilegal. Entre tú y yo, ya era hora. Por años, hemos permitido que el desorden migratorio se convirtiera en una carga insoportable para la salud, la educación, la seguridad y la economía nacional.
Esta decisión no es solo un paso firme: es un llamado de urgencia a defender nuestra soberanía. La incorporación de más soldados, la ampliación del muro fronterizo y el reforzamiento del control migratorio son medidas necesarias.
Pero lo más estratégico —y quizás lo más valiente— es endurecer las sanciones contra quienes facilitan la permanencia ilegal: empleadores, propietarios e intermediarios. La ilegalidad no se sostiene sola; necesita cómplices, y muchos han estado operando impunemente, incluso dentro del Estado.
La creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios y de un Observatorio Ciudadano son pasos importantes. Pero deben tener dientes. Ya no basta con crear oficinas: hay que dotarlas de presupuesto, personal capacitado, independencia operativa y resultados medibles. Este país está cansado de estructuras vacías y promesas sin ejecución.
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