Santo Domingo.– El Defensor del Pueblo pondrá en marcha este viernes 28 de agosto la estrategia nacional “Código Penal para la Ciudadanía”, con el objetivo de explicar de forma sencilla cómo la nueva legislación penal se relaciona con situaciones de la vida cotidiana.
La iniciativa busca que las personas puedan conocer sus derechos y deberes, identificar posibles vulneraciones y saber dónde acudir ante determinados casos.
Material educativo sobre el Código Penal
El programa contará con 44 tarjetones pedagógicos. De estos, 18 estarán dedicados a derechos fundamentales, garantías constitucionales, deberes ciudadanos y principios de convivencia.
Los otros 26 abordarán aspectos del nuevo Código Penal de República Dominicana, entre ellos la violencia, la propiedad, la intimidad, las estafas, los delitos digitales, la corrupción, las sanciones y la protección de las víctimas.
Para desarrollar el contenido penal, el Defensor del Pueblo utilizará como referencia la guía oficial elaborada por la Procuraduría General de la República y difundida por la Presidencia.
Durante las jornadas, facilitadores explicarán los temas, responderán preguntas y recogerán las principales inquietudes de los participantes.
Jornadas comenzarán en Dajabón
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que una ley también necesita ser comprendida por la población para que pueda aplicarse de manera efectiva.
Un Estado que funciona no solo promulga leyes: las explica con claridad, las aplica con justicia, escucha lo que ocurre durante su implementación y aprende para servir mejor”, afirmó Ulloa.
La estrategia llegará a comunidades, universidades, alcaldías, juntas de vecinos e instituciones públicas.
También incluirá conversatorios, materiales visuales, transmisiones en vivo, códigos QR y una página digital de consulta. Los contenidos estarán disponibles posteriormente en el Aula Virtual del Defensor del Pueblo.
El recorrido nacional comenzará el 28 de agosto en Dajabón y continuará los lunes y viernes hasta diciembre.
Según Ulloa, el objetivo no será únicamente explicar delitos y sanciones, sino también orientar a la ciudadanía sobre sus responsabilidades, los límites de determinadas conductas y las herramientas disponibles para proteger sus derechos.
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